jueves, 30 de diciembre de 2010

Interés público e interés privado

Daniel Casanova

Los rectores de las Universidades Privadas sin aporte estatal directo han levantado su voz por el diferencial de 5 horas en que recibirán los resultados de la PSU en relación a las Universidades del Consejo de Rectores (El Mercurio, 30 de diciembre de 2011). Estas recibirían los resultados a las 00:00 hrs. del 3 de enero y aquellas a las 5 de la mañana. Estos rectores -entre los que se cuenta el de la Universidad Mayor- señalan que se trata de la retención y uso privilegiado de una información de interés público imposible de justificar.
Como es frecuente en el empresariado chileno, parece que los rectores recurren a la ilegítima triquiñuela de presentar su propio (y legítimo) interés privado con el interés público. Veamos.
A las 00:00 hrs. del 3 de enero las universidades del CRUCH no reciben los puntajes sino que los liberan a los interesados. Luego, no existe tal retención de información por 5 horas, puesto que ya a las 00:00 hrs la información es pública y conocida por sus destinatarios, que son los postulantes y sus familias. De esta manera, el interés público esgrimido por los rectores se encuentra satisfecho y a las 00:01 de 3 de enero ellos pueden empezar a matricular a los alumnos de su interés, cosa que no pueden hacer las universidades del CRUCH.
Por otra parte, las universidades privadas compran el archivo y, en efecto, lo reciben 5 horas más tarde que las del CRUCH. Lo usan para captar matrícula mediante ofertones, no para informar a los postulantes y sus familias, ni para hacer estudios académicos. En una palabra, el recibir el archivo es de interés privado y, en este caso, es el CRUCH el dueño de una información que ya es pública y es su decisión entregarla y en que condiciones a los intereses privados que compiten con sus propios intereses privados.
Hay que recordar que el sistema de admisión del Consejo de Rectores (primero con la PAA y luego la PSU) fue un diseño de la Universidad de Chile, para la selección de sus alumnos, que esta casa de estudios puso a disposición del resto de las universidades hace 43 años, con lo que se conformó un sistema integrado de selección y matrícula que hoy alcanza a 25 universidades y que tienen reglas de funcionamiento consensuadas. Bastaría que los rectores de las universidades privadas estuvieran dispuestos a aceptar esas reglas, para que comenzarán a recibir el archivo simultáneamente. Les aconsejo que primero se informen de esas normas que regulan el sistema y que obligan a las universidades del CRUCH a comenzar a matricular el 13 de enero, en vez del 3 de enero que lo harán las privadas.
Por último, ¿no es acaso de interés público también las cuentas y balances de las universidades privadas "sin fines de lucro"? ¿no sería bueno para el interés nacional conocer los subsidios estatales ocultos que tienen vía exenciones tributarias "por no tener fines de lucro"? ¿no es acaso de interés público la información del personal académico que la Universidad Mayor se negó a entregar al Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) pese a que la Ley la obliga?

2 comentarios:

Guillermo Marin Vargas dijo...

Esta situación de confusión entre en el interés publico y privado no solo se da en la entrega de los resultados PSU, también en otros espacios. Los numerosos negocios que es posible hallar en algunas de las Universidades "publicas", en conjunto con la elitización de su estudiantado, son argumentos que hacen dudar si aquel rol publico auto-designado de las Universidades del Consejo de Rectores es efectivo. El problema es que la re-definición de lo "publico" y lo "privado" en el espacio de la Educación Superior esta atado a una serie de cadenas desde el espacio político, como también al de uno de los grupos de presión mas influyentes del país: el Consejo de Rectores.

Enrique Fernández Darraz dijo...

No cabe duda que el Consejo de Rectores es uno de los grupos de poder más influyentes de Chile. Por suerte, dicho sea de paso.
No hay que olvidar que él alberga, al menos, a 15 o 20 de las universidades que merecen ese nombre. Y aunque parte de su estudiantado es de elite, éste no lo es más que el se las conspicuas universidades privadas que se ubican sobre la cota mil.
Cualquier solución a esta guerrilla pasa por contestar, al menos, tres preguntas. ¿Cómo debe relacionarse el Estado con sus propias instituciones?, ¿Cómo reconocemos y financiamos adecuadamente la labor de investigación intensiva radicada exclusivamente en un grupo de universidades del Consejo de Rectores? y ¿Cómo solucionamos el tema del lucro en la gran mayoría de las universidades privadas, dicho sea de paso, prohibido por ley?
Sin respuestas a ellas no serán sólo la universidades del Consejo las que operen gremialmente, sino también las privadas y, en ambos casos, lo harán en desmedro de los estudiantes.

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